PRONUNCIAMIENTO DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE GUERRA

Compartimos el pronunciamiento de los prisioneros políticos y de guerra del Perú denunciando la campaña de persecución política contra los comunistas, los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento gonzalo, los verdaderos demócratas y las luchas populares. Les pedimos la más amplia difusión.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

 EL COMITÉ NACIONAL DE PRISIONEROS POLÍTICOS 

Y DE GUERRA DEL PERÚ, DENUNCIA:

     I.Que el día 9 de agosto del presente año a las 10 a.m. allanaron el domicilio del Dr. Alfredo Crespo y le embargaron sus elementales bienes de subsistencia, calificados como inembargables según el Código Procesal Civil y en supuesto pago de la reparación civil, aún sabiendo que le asiste el derecho a pagar según sus posibilidades económicas.

      II.  Este acto político de “embargo” por reparación civil contra el abogado Alfredo Crespo es el uso político de una medida legal que se suma al conjunto de medidas represivas que se están introduciendo en el sistema penal del Perú, para negar y violentar derechos fundamentales a los prisioneros en general y a los políticos en especial. Y se comienza por los  del delito de “terrorismo” porque con los “terroristas” todo vale. Así, se está extendiendo y profundizando  el derecho penal del enemigo en el Perú.

    III.   ¿Cómo comenzaron? Bajo la concepción reaccionaria de usar la ley como  arma de guerra contrasubversiva crearon la llamada Legislación Antiterrorista, la Sala Penal Antiterrorista, el Procedimiento Penal Antiterrorista y la Ejecución Penal Antiterrorista e introdujeron luego una serie de leyes de excepción como las penas draconianas y la negación de beneficios penitenciarios: igualmente, impusieron el encierro unicelular de 24 horas durante un año, los tribunales militares, los jueces sin rostro, los expeditivos juicios sumarios, los centros militares de reclusión como la Base Naval del Callao, los centros policiales de reclusión como Yanamayo, los penales de máxima seguridad como Chorrillos-Mujeres; también el aislamiento e incomunicación, el traslado y dispersión en centros alejados de la familia, etc., etc., etc.

Tiempo después, pasados casi 10 años nos volvieron a juzgar por los mismo hechos en los tribunales civiles pero en las Salas “Especiales” de “Terrorismo”, ahí sin que exista ley alguna nos impusieron la cadena perpetua, el traslado de pruebas y la autoría mediata; también como reparación civil dispusieron sumas impagables como S/. 3,700 millones o altísimas de 50 ó 100 mil soles y un millón.

Más aún cuando empezamos a salir por cumplimiento de penas o cambio de leyes arrancando con nuestra lucha, nos quitaron los ya bastante restringidos beneficios de redención de la pena por estudio y trabajo (7 x 1) y nos impusieron el pago total de la reparación civil para la liberación condicional que luego quitaron. Llegando al extremo de revocar libertades por el no pago total reintroduciendo de este modo la reaccionaria pena de prisión por deudas. Todo esto ¿Para qué? Para frenar nuestras legítimas libertades.

    IV.   Ciertamente, dicho pago está contemplando en la ley hace mucho tiempo pero nunca se aplicó con nadie compulsivamente porque era lógico pensar que los privados de libertad carecían de la oportunidad de trabajo adentro y al salir les demandaba largo tiempo conseguir un trabajo. Situación que rige con mayor gravedad tratándose de los acusados por terrorismo que vivimos bajo sistemática persecución inquisitorial. Y es a partir del 2007 que comienzan a exigirlo, precisamente cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone que el Estado peruano indemnice a los familiares de las víctimas del genocidio de Canto Grande y a sus sobrevivientes, ¡claro sin haber pagado a la fecha ni un centavo a nadie!, desacatando una resolución internacional que no le conviene a sus intereses. Hoy, veinte años después de las masivas detenciones han comenzado a “embargar” bienes e inmuebles a los familiares de los prisioneros y han llegado a afectar hasta a sus abogados, caso del Dr. Alfredo Crespo a quién en evidente abuso de autoridad le han aplicado un operativo policial sobredimensionado rodeando la manzana de la calle y decenas de periodistas, parabólica incluida, cubriendo la noticia distorsionada para aparentar un Estado fuerte y así pretender opinión pública  a su favor. ¿En pro de nuevas leyes restrictivas? Al mismo tiempo fabricaron una llamada de “bomba” en una clínica privada, la que los medios propalaron escandalosamente cual si fuese cierto. Es decir, crearon un clima de zozobra en la propia capital y a la misma hora en que el Congreso debatía si daban o no facultades legislativas a los Ministros de Defensa e Interior. En tanto, a nivel nacional miles de profesores cumplían 50 días de justa huelga exigiendo que el Estado les pague la deuda del 30% de preparación de clases que desde los años 90s les vienen adeudando.

Es que el Estado que maneja miles de billones de soles y es el más grande deudor con sus ciudadanos, exige a los que no tienen o tienen muy poco pero no exige nada a los que tienen mucho, por ejemplo a la Telefónica que le adeuda como ¡500 millones de soles! Entonces, ¿qué fortaleza es ésta? La del abusivo poderoso contra el débil y pobre. Esta y no otra es la imagen que han difundido ante el mundo con este hecho político.

      V. Los prisioneros políticos del Perú rechazamos la sistemática negación de nuestros derechos fundamentales como el derecho a luchar por nuestra libertad, el derecho a reincorporarnos a la sociedad, el derecho pleno a trabajar, el derecho a expresar y difundir nuestras ideas, el derecho a organizarnos y participar en la vida política del país. Nos preguntamos ¿Si no se reconoce el derecho a la reincorporación  social acaso no se niega la validez de una condena cumplida? Así es, entonces, ¿Para qué sirve la justicia? ¿para nada? Es que así es su democracia, rige sólo para el Estado, la reacción y sus secuaces, no para el pueblo, ni los verdaderos demócratas, menos para los revolucionarios.

    VI. Expresamos a la vez aquí nuestro apoyo solidario en defensa de Alfredo Crespo, abogado dirigente del MOVADEF organización popular que lucha por la Amnistía y los derechos fundamentales y del pueblo; noble hijo del pueblo entregado a la defensa de los prisioneros políticos del Perú entre ellos al más ejemplar prisionero de guerra del Perú: el doctor Abimael Guzmán Reinoso,  ilegalmente aislado e incomunicado ¡hace 20 años! en el Penal Militar de la Base Naval del Callao.

¡ABAJO LA PERSECUSIÓN POLÍTICA A LOS MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTAS, PENSAMIENTO GONZALO, 

A LOS COMUNISTAS Y A LOS VERDADEROS DEMÓCRATAS EXTENDIDA AL PUEBLO!

¡RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ Y DE LOS LIBERADOS!

¡POR SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!

                                                       

Comité Nacional de Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú 

AGOSTO 2012