Sobre la lucha del pueblo de Cañaris


En defensa de sus recursos y contra la expansión minera

 
Sobre la lucha del pueblo de Cañaris

 
El presente artículo es producto de una investigación realizada para difundir la situación en que vive el pueblo de Cañaris, donde el pueblo se enfrenta a  la expansión minera que se apropia de sus tierras, por el agua, en defensa de sus derechos fundamentales.

 Cañaris es un pueblo a unos 2400 metros de altura, dentro del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe y departamento de Lambayeque; enclavado en los Andes, extremo nororiental del departamento, aún conserva el idioma quechua y algunas tradiciones incas (por ejemplo, la denominada “minga”, variante de la “minca”). Aunque son duramente golpeadas por la pobreza y la desnutrición, esto no impide que las masas campesinas  de todo corazón nos brinden posada y comida calentada en rojas brasas. Así, la mejor lección de entrega nos la dan quienes poco o nada tienen.

El distrito de Cañaris cuenta con 78 caseríos y 6 anexos, organizados en dos comunidades: San Juan de Kañaris y Túpac Amaru II.

La agricultura de autoconsumo es la actividad económica principal del valle. Se realiza al secano, es decir depende de las lluvias que traen los vientos entre octubre y noviembre; en ciertos lugares se practica la agricultura destinada al comercio con las ciudades (en Huacapampa el café, en Atunpampa la naranja). La ganadería ocupa el segundo lugar en las partes altas del valle; el comercio se realiza con mercadería traídadesde la ciudad de Pucará, a través de carreteras intrincadas pero seguras. Así pues la producción agrícola es la actividad más importante de vida comunitaria.

Cañaris es uno de los pocos distritos lambayecanos que conservan un inmenso bosque húmedo, importante reserva inagotable de diversidad biológica y cuencas hidrográficas; de aquí nacen los ríos Kañariacuy Atun Yacu, el primero desemboca en el río Huancabamba e irriga el Valle de Pucará; y el segundo se une al canal Huayabamba e irriga el Valle de Motupe. En su comprensión territorial también se encuentra las lagunas Tembladera y Shin-Shin. Además, en recientes descubrimientos se encontró en Congona – Cañaris vestigios arquitectónicos de la cultura Chavín.  Los paisajes naturales son de una belleza tal que bien merecen los extenuantes recorridos.

 
Actualmente, sobre los terrenos de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris, con 45 000 Ha. aproximadamente,  se ha establecido la empresa minera Cañariaco Copper Perú S.A.” (antes “Oro Candente”, luego “Exploraciones Milenio”, filial de la empresa canadiense Candente Copper Corp.), cuyo gerente general es el Ing. Marco Alejandro Marticorena Quevedo, y cuya sede está en la calle Antequera 777, Of. # 1101, San Isidro, Lima. Su oficina de administración está en Chiclayo, calle Los Sauces N° 750, Urb. Santa Victoria. Desde el año 2001 esta empresa adquirió las concesiones mineras Cañariaco A, Cañariaco B, Cañariaco C, Cañariaco G, Cañariaco F1, Cañariaco U, Jehuamarca 1 y Jehuamarca 2.

 
Abusos contra el pueblo

 En todo este tiempo la empresa ha conformado los llamados “comités de gestión”, que han sido los instrumentos para imponer sus negros intereses, engañando a los comuneros con salarios diarios de 50 soles y proyectos que no representan avance para la comunidad. Los compromisos de la empresa sobre educación, desarrollo de técnicas agropecuarias, pagos de servidumbre, becas, etc.,  sólo han quedado como letra muerta en el papel; en la realidad han mostrado su desprecio, prepotencia y burla hacía la comunidad.

La justa lucha del pueblo de Cañaris se origina por la expedición de la Resolución Directoral N° 0177-2012 del Ministerio de Energía y Minas del 30 de mayo de 2012, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto de exploración minera Cañariaco, presentado por Cañariaco Copper Perú S.A.; en consecuencia el MINEM autorizó a dicha empresa por 17 meses para realizar actividades exploratorias. Esto choca con lo dispuesto en el literal “a” del numeral 1 del artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, que establece la obligación de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

 
Empresa  Monta 

“Asamblea”

 Para sortear este entrampamiento legal la empresa tramó una “asamblea general de comuneros por convocatoria judicial”. Tal como se expone en la Carta N°-009-2012-CCSJC recibida por el Ministerio de Energía y Minas, con registro documentario N° 2214791, el requerimiento de convocatoria de asamblea general realizada por el comunero Elías Palomino Julca y otros no cumplió con lo establecido por el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas, pues para que haya asamblea el pedido deben hacerlo la quinta parte de los comuneros calificados (867 de un total de 4334 comuneros en esa fecha), y sólo se presentaron 800 firmas, y después de examinarlas resultaron válidas sólo 600.

 Además, la “convocatoria judicial” la realizó un juez de paz sin competencia, pues conforme al artículo 43 del citado Reglamento quien debe hacerlo es el Juez de Paz del Distrito de Kañaris, sin embargo el Juez de Paz del caserío de San Cristóbal se arrogó dicha función. Se hizo una “convocatoria” para el día 8 de julio a las 10:00am. La reunión inició al mediodía, sin control de asistencia, sin padrón oficial de comuneros y con la participación de  apenas 250 personas.  Y es bien expresivo que a dicha reunión asistieron el gerente de la empresa Marco Marticorena Quevedo y el jefe de mina, Enrique Vernuy, junto a su séquito de lacayos y  fuerzas de choque.

 
Los asistentes a esa falsa asamblea autorizaron a la empresa el uso de los terrenos de la comunidad para actividades exploratorias mineras por tres años, fijando como pago por derecho real de uso la ínfima suma de S/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil nuevos soles), es decir, pretenden pagar doce nuevos soles mensuales por metro cuadrado de la tierra (por informe  del MINEM se sabe que el área de actividades es de aproximadamente 3450 metros cuadrados), para extraer muestras que por sí mismas tienen un valor mil veces mayor, algo totalmente lesivo a los intereses comunales.

 Campesinos en pie de lucha

 Los campesinos no se quedaron de brazos cruzados. La Junta Directiva de la comunidad realizó el 22 de julio del 2012 una auténtica Asamblea General Extraordinaria, declaró nula la denominada “asamblea general” del día  8,  dejó sin efecto los acuerdos tomados y  se ratificó en llevar a cabo la Asamblea General a voto secreto el del 2012, para decidir sobre el permiso a Cañariaco Copper Perú S.A. para exploraciones en los terrenos de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris. Concluida la asamblea general  del  día 30 de setiembre a la que asistieron diversas autoridades, la votación tuvo el siguiente resultado:

 
NO 1721
SÍ 106
BLANCOS 28
NULOS 57
TOTAL 1912

 Iniciadas las protestas el 5 de diciembre del 2012, la comunidad difundió mediante comunicado que la Asamblea General decidió no otorgar dicho permiso y considera que deben protegerse los maravillosos bosques húmedos, únicos en el departamento de Lambayeque, que resguardan una variada fauna y flora, diversidad que no puede destruirse por un proyecto minero.

 Según datos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) la cantidad de concesiones mineras en las regiones es la siguiente: Apurímac 55% del total de su territorio ha sido entregado a las empresas mineras, Cajamarca 45%, Moquegua 63.95%, La Libertad 47.46%, Arequipa 42.74%, Lima 41.11%, Tacna 39.88%, Ancash 38.98%, Huancavelica 38.45%, Ica 32.47%, Ayacucho 29.84%, Puno 24.53%, Lambayeque 23.21%, Piura 28,5%, Junín 24.6%; en el caso particular de Cañaris, es el 96.16%.

 
Es necesaria y justa la lucha del pueblo de Cañaris contra el despojo de sus tierras que es parte del plan de nueva acumulación originaria, por el respeto al derecho del pueblo a poseer, defender y decidir sobre la tierra. Asimismo, exigir a la Empresa Minera Cañariaco Copper Perú S.A. cumpla con pagar a la comunidad la suma de 170 millones de nuevos soles por concepto del ilegal usufructo del que se han beneficiado desde el año 2001 hasta la actualidad. Por la defensa del territorio comunal, exigir que la Empresa Minera Cañariaco Copper Perú S.A. también cumpla con pagar a la Comunidad 170 millones de nuevos soles de indemnización por los daños y perjuicios provocados desde 2001. Por la defensa de la producción nacional, trabajo para el pueblo y seguridad alimentaria, en consecuencia exigir que el gobierno regional y gobierno central habiliten partidas presupuestarias para desarrollar proyectos de desarrollo agropecuario en las zonas altas, medias y bajas de la comunidad. Por un nuevo marco constitucional para las comunidades campesinas y la economía nacional, que defienda cabalmente los territorios comunales y desarrollo de la agricultura como base de nuestro proceso económico, es decir por una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

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